La mayoría son indígenas o población rural, expulsada por grupos armados y autoridades comunitarias vinculadas al crimen organizado, señalan desplazados de los municipios Aldama, Chalchihuitán y la comunidad Nueva Palestina, ubicada en la selva Lacandona.
Son poco más de 8 mil los indígenas de Aldama, Chalchihuitán y la comunidad Nueva Palestina que han sido expulsados en los siete años recientes. A esta cifra se suman más de 30 mil personas que, solo en meses recientes, han tenido que abandonar sus comunidades, ahora acosadas por el crimen organizado.
En este contexto, el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno del gobierno de Chiapas llevó a cabo una reunión para analizar la iniciativa de ley de Reforma en la materia que, en teoría, permitirá actualizar los estándares y mejorar el diseño normativo de atención.
A esta actividad no fueron convocadas las víctimas, por lo que representantes de miles de personas desplazadas denunciaron que los tres niveles de gobierno no han implementado acciones para atender la sobrevivencia de quienes no pueden retornar a sus hogares, ni para detener el problema de fondo de los desplazamientos.
“El gobierno, pues dice que hay paz, que hay tranquilidad; pero no es cierto”, dijo Rufina Pérez Pérez, desplazada de Chalchihuitán, durante una conferencia de prensa convocada por representantes de los miles de desplazados que reclaman atención.
“Nosotros somos un grupo de desplazados, el 18 de octubre del año 2017 fuimos desplazados, somos 5 mil 23 personas, pero por ahora ya nada más resistimos 290 familias, habemos niños, niñas, hombres, mujeres y ancianos”, dijo la mujer, quien recordó que fueron expulsados por grupos paramilitares de Chenalhó, quienes mataron a varias personas durante la expulsión, y quienes a la fecha sigue operando en la región.
“Ya todos sabemos de la delincuencia organizada, pues está en todos lados, entonces el gobierno, pues dice que no hay nada, que hay paz, que hay tranquilidad, pero no es cierto. Entonces, pues eso es lo que exigimos al Estado mexicano que ponga la orden que haya paz y que haya justicia”, dijo por su parte Cristóbal Sántiz Jiménez.
Sántiz Jiménez es representante de más de 5 mil desplazados intermitentes de Aldama, a quienes expulsó y mantiene bajo acoso un grupo armado de Chenalhó.
Cristóbal también representa a las personas que, además de haber sido expulsadas, fueron criminalizadas por los mismos grupos armados en complicidad con las autoridades.
Estuvo preso 2 años 7 meses, porque se opuso a la expulsión y denunció abiertamente la situación de acoso armado por el que pasaba su municipio, y la aquiescencia de autoridades de los tres niveles de gobierno.
“Fueron los grupos paramilitares, pero también en el caso de Nueva Palestina fueron autoridades comunitarias vinculadas al crimen organizado. El narco directamente está haciendo esta violencia en en la frontera y norte y demás y selva también”, explicó Julieta Hernandez, de la Colectiva Cereza, que apoya a mujeres víctimas de violencias.
“Pareciera que protegen (las instituciones de gobierno) y apoyan más a estos grupos de crimen organizados y por eso mismo en esta conferencia que estamos haciendo es para manifestar nuestra inconformidad, incluso nuestra molestia por todo lo que está pasando en el estado de Chiapas”, dijo por su parte Moctezuma Velasco, hijo de Versaín Velasco.
Versaín actualmente está preso por oponerse al grupo que en la comunidad Nueva Palestina, del municipio de Ocosingo, se dedica al tráfico de migrantes.
En diciembre de 2021, su familia, unas 34 personas, fueron atacadas y expulsadas del poblado; uno de ellos, Fredy Gómez Sántiz, fue desaparecido durante el ataque. Ahora sobreviven en situación de desplazamiento forzado.
“El 16 de diciembre del 2021 sucedió que fuimos desplazados de mi comunidad, fueron a quemar mi casa, fueron a echar bala, yo lo vi cuando se fueron bastante gente, más de 600 personas. Llevaron gasolina y palos y diferentes armas. Salieron donde está la oficina de los autoridades, ahí se reunieron ese es crimen organizado, su nombre (de quien organizó el ataque) es Martín Martínez González” (…) lo escuché todo, cómo se organizaron, cómo obligan su gente para que van a ir a participar a quemar la casa y a echar balazo allá en mi casa”, dijo Antonia Aguila, esposa de Versaín.
A ella, luego de haber sido desplazada, las autoridades del gobierno de Chiapas la detuvieron y mantuvieron encarcelada junto con otras dos mujeres de su familia.
Sobre los hechos de Chalchihuitán, Aldama y Nueva Palestina, la población desplazada interpuso quejas a diferentes instituciones nacionales e internacionales por la violación cometida.
Como resultado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 87/2018 a favor de Chalchihuitán; la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) la 001/2019 a favor de Aldama y la 57/ 2023 por el caso Nueva Palestina.
También, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado mexicano la implementación de medidas cautelares 284-18, para Aldama y la número 882-17 para Chalchihuitán y Chenalhó.
A pesar de ello, explican las personas afectadas, su situación no ha cambiado, siguen en desplazamiento forzado, sus agresores no han sido detenidos.
La cifra de desplazados se incrementa cada día, a pesar de que Chiapas es uno de los cuatro estados donde hay ley de atención a personas en desplazamiento forzado, lo que incluye la creación de condiciones para la no repetición, y para su retorno, explicó Moctezuma Velasco.
Por ello, consideran que la reunión del pasado 20 de febrero del Consejo Estatal para la Atención Integral del desplazamiento Interno, para actualizar los estándares y mejorar el diseño normativo de atención; y a donde asistieron representantes del ACNUR y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), “es solo una simulación“.
“Una vez más, el Gobierno Chiapaneco ha implementado una simulación de consulta, solamente para cubrir en apariencia con las exigencias y recomendaciones de la Relatora Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos, señora Cecilia Jiménez Damary, quien en su informe de fecha 27 de junio de 2023, Urgió al gobierno Federal y Estatal a la aplicación real de la ley de desplazamiento, armonizando con la ley de víctimas”, explicaron.
En un pronunciamiento conjunto, las personas víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas demandan ,”que el Consejo Estatal para la Atención Integral del Desplazamiento Interno sesione públicamente y no en secreto como hasta ahora, para que de respuesta a nuestras necesidades y demandas como población desplazada”.
También, que el Estado investigue y castigue a los responsables de los múltiples delitos que acompañan el Desplazamiento Forzado Interno en la entidad; y la reparación integral de los daños en todos los casos, además de reubicación a quienes ya no pueden retornar.
Fuentes: Aristegui Noticias, N+, Enfoque Noticias y Frayba.
Comments