Consejeras urgen revisar el Reglamento de Fiscalización del INE y una mayor coordinación con instancias para poder tener respuestas más rápidas, ante dinero ilegal en las campañas electorales.
El incremento del lavado de dinero, las empresas fachadas, la triangulación de recursos, las factureras, así como las campañas en el extranjero son temas de urgente regulación que ya prendieron alertas en el Instituto Nacional Electoral (INE).
La consejera Carla Humphrey llama a tomar cartas en el asunto que dijo, se ha incrementado desde hace más de una década, por lo cual propuso reformar el Reglamento de Fiscalización del INE para que vaya “al fondo y no a la forma”.
“El lavado de dinero sigue en aumento, las empresas fachadas también, las factureras, la triangulación de recursos, las campañas en el extranjero son un tema de urgente regulación”, señala la consejera Humphrey Jordan.
Para el senador del Grupo Plural, Emilio Álvarez Icaza, el ingreso de dinero ilícito proveniente de la delincuencia organizada, vía triangulación de recursos o empresas fachada, son uno de los mayores riesgos para la democracia mexicana.
“La autoridad no detectó esos recursos. Sí tenemos un problema, porque claro que el sistema electoral mexicano está inundando con recursos de procedencia ilícita. Hoy ese dinero es el cáncer más agresivo a la democracia mexicana”, asegura.
Sobre qué tan grave son los temas de lavado de dinero y triangulación de recursos en campañas electorales, la consejera electoral Claudia Zavala estima que esa situación se tiene que ver con nuevas técnicas de fiscalización y con el acompañamiento de las autoridades del Estado mexicano, incluidas las fiscalías.
En entrevista, consideró que las fiscalías de los estados deben estar atentas a la construcción de los expedientes, desde el punto de vista penal, para que puedan ser más eficaces en la investigación.
Carla Astrid Humprey Jordan (Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) para el período 2020-2029).
La consejera Humphrey Jordan destaca la necesidad de revisar y modificar el reglamento en la materia para hacer este sistema de reglas más preciso y eficaz ante figuras como lavado de dinero, la triangulación de recursos e incluso, las criptomonedas.
“Si bien estamos cumpliendo 10 años como INE, me he cansado de llamar aquí a reformar el Reglamento de Fiscalización, a incluir figuras que no se encuentran: el lavado de dinero en las campañas, la triangulación de recursos, las criptomonedas, los recursos de procedencia ilícita y un largo etcétera… y que creo que no estamos cubriendo adecuadamente”, plantea.
Incluso, señala que si bien le preocupa mucho quién está detrás de la “pinta” de bardas en todo el país, le “preocupa más" el financiamiento ilícito de las campañas, con recursos públicos y con recursos provenientes del crimen organizado.
“Me preocupa más que no tengamos información de las autoridades financieras que están obligadas por ley” a registrar esos movimientos, refiere.
Durante la sesión del Consejo General del 27 de marzo, Humphrey acusó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el SAT y la CNBV de ser las instancias que “frenan” el trabajo de fiscalización del INE y dio cifras:
Tan solo en lo que va del año, se han girado 1,882 requerimientos de información de fiscalización a diversas autoridades para aque ayuden a verificar ingresos, egresos de empresas y personas físicas, así como la aplicación de recursos.
Del total, 1,792 se han pedido a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), 77 al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y 13 a la Unidad de Inteligencia Finaciera.
La UIF, aseguró Humphrey, mantiene serios rezagos del 2023 pues de las 69 solicitudes que se formularon durante 2023, solo se respondieron nueve y, de los13 requerimientos enviados este año, “no ha habido respuesta a ninguno”.
“Me parece preocupante que sigan subsistiendo demoras que se pueden traducir en la obstaculización de las labores de fiscalización de este Instituto”, anota la consejera.
En el caso de la CNBV, de los 1, 792 requerimientos, 95% se han recibido entre el plazo de uno y dos días. Esto, dijo, da cuenta de la ágil respuesta y alto grado de sensibilización con los procesos de fiscalización, y su incidencia.
En el caso del SAT, de las 77 solicitudes realizadas en lo que va de este año, 18 se han atendido en un periodo entre uno y cinco días, pero 38 están fuera del plazo y 21 se encuentran todavía sin respuesta.
"Como sabemos, los plazos son muy acotados y necesitamos la información dentro de los tiempos previstos por la norma para que esta institución pueda desplegar todas sus labores en materia de fiscalización respecto a la verificación de los ingresos, egresos y su correcta aplicación por parte de los sujetos obligados”, resalta.
Fuente: Expansión Política.
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