Hubo 206 faltas graves como abuso de funciones, conflicto de interés, cohecho...
En el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador se registraron daños al erario por más de 9 mil 695 millones de pesos por actos de corrupción de funcionarios públicos, según informó la Secretaría de la Función Pública a la Cámara de Diputados.
En respuesta a las preguntas parlamentarias de los partidos, a partir del último Informe de Gobierno, la dependencia indicó que reportó 5 mil 943 investigaciones y 15 mil 878 sanciones a 13 mil 120 personas de 255 dependencias públicas del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.
Respondió a los cuestionamientos del PAN que registró 206 “faltas graves” como cohecho, abuso de funciones, conflicto de interés, desvío de recursos, peculado, nepotismo, desacato, negligencia administrativa, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, soborno, uso indebido de recursos públicos, utilización de información falsa, violación a leyes y normatividad presupuestal.
Entre las sanciones a estas 206 faltas graves, aseguró que se aplicó una destitución, 142 suspensiones, 40 inhabilitaciones, 18 sanciones económicas y cinco indemnizaciones. El monto acumulado por daños y sanciones económicas es de 9 mil 695 millones 106 mil 585 pesos.
Sobre las sanciones por faltas no graves, detalla que en 6 mil 27 casos hubo inhabilitación de los servidores públicos; 4 mil 146 fueron suspendidos; 2 mil 476 fueron amonestados públicamente; mil 879 se amonestaron en privado; 733 fueron destituidos, y 617 sólo tuvieron una sanción económica.
La respuesta a la pregunta sobre el número de denuncias por hechos de corrupción, expone que “la palabra corrupción no se encuentra descrita en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que, ante la complejidad de la definición de ‘hechos de corrupción’, se realizó la búsqueda en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), por las conductas de ‘cohecho’, ‘peculado’ y ‘desvío de recursos públicos’, arrojando 5 mil 943 investigaciones por denuncias en 215 instituciones de la administración pública federal”.
Explica también que, con la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las atribuciones de la Secretaría de la Función Pública es iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas, imponiendo, en su caso, sanciones con motivo de la comisión de faltas administrativas calificadas como no graves.
Y para el caso de las faltas graves, indica que la misma ley establece que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa le compete resolver los procedimientos administrativos en materia de responsabilidades e imponer las sanciones correspondientes.
Fuentes: El Financiero, El Economista, Forbes México
Comments