Las medidas publicadas el 15 de mayo, en materia energética, le dan al gobierno mexicano un mayor control sobre la aprobación de nuevos proyectos de energía renovable.
Al respecto, la Unión Europea y Canadá ya habían expresado en marzo de este año su preocupación a México. Diplomáticos afirmaron que las normas ponían en peligro los proyectos de energía renovable y representarían una amenaza a la inversión extranjera en este rubro. La inusual intervención diplomática de Canadá y las potencias europeas mostró la frustración que sienten los gobiernos extranjeros por el manejo de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Y después de que se aprobó la medida la semana pasada, el Consejo de Coordinación Comercial de México aseguró que la normativa representa un golpe a la promesa de un mercado de energía competitivo, bien regulado y transparente.
Ana Lilia Moreno, investigadora del grupo de expertos en políticas públicas México Evalúa, agregó que las medidas violan las regulaciones de competencia.
Greenpeace México dijo que las medidas del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) representan un obstáculo y una amenaza para una política climática, ya insuficiente, y para el cumplimiento de los compromisos de México de reducir las emisiones de efecto invernadero en conformidad con el Acuerdo de París.
Ante estas críticas, el gobierno federal defendió las nuevas reglas y dijo que permitirán que el Sistema Eléctrico Nacional garantice la confiabilidad frente a una disminución en la demanda de energía eléctrica debido a la pandemia. La administración federal aseguró que los proyectos de energía renovable son intermitentes y producen oscilaciones en el sistema eléctrico que causan interrupciones.
Como repuesta a la polémica normatividad la empresa española Mexsolar XI presentó un amparo ante el juzgado primero de distrito en materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones. El amparo, que fue aprobado, frena de manera momentánea los efectos del instrumento, hasta que el juzgado no resuelva el fondo del asunto, lo que puede tardar varios meses o hasta años.
La decisión de la CENACE provocará demoras en 28 proyectos solares y eólicos que ya estaban listos para comenzar a operar, y otros 16 en construcción, con una inversión total de 6.4 mil millones de dólares. En Guanajuato ya se habían invertido más de 2 mil millones de dólares en energías limpias.
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