Los anteproyectos de dictamen se perfilan para la congeladora, pues las reformas constitucionales necesitarían aprobarse en periodo extraordinario de sesiones y con acuerdo entre bancadas.
A unas horas de que este martes 30 de abril termine el periodo ordinario de sesiones del Congreso, diputados concluyeron 18 de 20 proyectos de dictamen en los que, sin sorpresas, se consideran viables todas las iniciativas de reforma a la Constitución propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero, y que constituyen su "Plan C".
Los anteproyectos sugieren adecuaciones mínimas a lo planteado por el jefe del Ejecutivo, pero al tratarse de reformas constitucionales su destino prácticamente ya es nulo en la presente Legislatura, que concluye el 31 de agosto, ya que este martes realizará su última sesión ordinaria.
Como son parte del llamado "Plan C" del presidente y su partido Morena, se ha llamado a ganar la mayoría en el Congreso para hacerlas posibles.
El líder de los diputados federales de Morena, Ignacio Mier, aseguró que “hay siempre la posibilidad de un periodo extraordinario de sesiones” en los meses de mayo a agosto, en que el Congreso estará en receso.
Sin embargo, para que transitaran esas eventuales reformas se requeriría, además de convocatoria a periodo extraordinario de sesiones de las dos cámaras, del voto de dos terceras partes de los legisladores de ambas. Y Morena y sus aliados carecen de esos números no sólo para cambiar la Constitución, sino incluso para llamar a sesiones extra.
Hay iniciativas, sin embargo, en las que los partidos sí están de acuerdo, por ejemplo, derecho a la vivienda, o en materia salarial para personal al servicio del Estado o incluso la de pensiones del Bienestar a nivel constitucional, no la reforma a ley secundaria avalada la semana pasada.
Para que transitaran, según habían pactado los líderes de todas las bancadas, los dictámenes debieron estar listos a más tardar el último día de marzo para programar su discusión y votación en el pleno durante abril, cuando menos un mes de análisis.
Pero el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, circuló este lunes los anteproyectos, que consideran enmiendas a múltiples artículos constitucionales, casi 24 horas antes de la sesión de clausura del periodo ordinario que se declarará mañana 30 de abril.
Este lunes la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados pidió a esa Comisión que presente un informe.
La Comisión también presentará la “reserva única” que se acordó en marzo presentar al dictamen sobre reducción de la jornada laboral 40 horas a la semana, y que también es una reforma constitucional que, aun votándose, no podrá concluir el proceso legislativo pues requiere aval del Senado y de 17 congresos estatales.
Los 18 predictámenes a las reformas constitucionales a propuesta presidencial incluyen iniciativas presentadas por todos los partidos sobre las mismas temáticas.
Por ejemplo, al analizar la reforma constitucional para que los salarios mínimos nunca tengan un incremento menor a la inflación, se agregaron propuestas de Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano.
Así se consideró que es compatible con la propuesta presidencial, las presentadas por esos partidos para establecer que docentes, integrantes de las fuerzas de seguridad, médicos y enfermeros deben contar con una percepción que “nunca sea menor un salario mínimo promedio registrado ante el IMSS” y éste es de 16,777. 68 pesos.
En el dictamen sobre la Pensión del Bienestar vía cambios al artículo 123 de la Constitución se incluye una nueva fuente de financiamiento: el Fondo del Poder Judicial usado para pensiones de altos mandos de la SCJN una vez que concluya el litigio que enfrenta su extinción.
En ese dictamen se modificó la redacción propuesta por la presidencia para que la pensión no sea el último salario sino “en todo caso el salario promedio de los dos últimos años de cotización, con el fin de evitar, por una parte, que se tomen como referencia salarios atípicos, y para lograr una regularidad en la tasa, despacho y obtención justa de la pensión”.
Entre los 18 Proyectos de Dictamen y Decreto con base en iniciativas del presidente de la República del 5 de febrero de 2024 se encuentran los que ven viable la reforma al Poder Judicial, para la elección de jueces, magistrados de tribunales (electorales, en materia civil o administrativa) y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
También los proyectos consideran dar el visto bueno a la propuesta de reforma electoral presidencial para cercenar 200 diputaciones federales de representación proporcional y 68 senadurías plurinominales.
Sin embargo en el dictamen de reforma electoral no se propone –como propuso el presidente– reducir el financiamiento a los partidos políticos, pero si reducir de 11 a 7 el número de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y la renovación de tajo –sin escalonamiento– de sus integrantes, todos a elegirse por un periodo de seis años.
Se incluye la obligación del INE de organizar elecciones de integrantes del Poder Judicial e incluso la auto-elección de consejeros electorales. Además se propone que todos esos cargos judiciales y electorales contarán con tiempos del Estado para difundirse en spots y aunque no podrán hacer campañas si podrán presentarse en medios de comunicación.
Fuentes: Expansión Política, El Financiero y Gobierno de México.
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