La reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución establece que se sancionará toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos y vapeadores, así como el uso ilícito de fentanilo.
En medio del debate sobre los esfuerzos del gobierno mexicano en el combate al fentanilo, la Cámara de Diputados elevó a nivel constitucional las prohibiciones en materia de producción ilegal de fentanilo y restringió la utilización de vapeadores.
La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma a los artículos 4 y 5 de la Constitución en materia de protección a la salud, cambios que fueron aprobados en lo general por 410 votos de todos los grupos parlamentarios, excepto Movimiento Ciudadano y sus 24 legisladores.
En lo particular la reforma recibió 327 a favor y 118 en contra, con lo que la minuta fue turnada al Senado para su análisis y discusión.
La iniciativa fue enviada a la Cámara de Diputados desde febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y su discusión inicial se centró sólo en la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, sin incluir el tema del fentanilo, aunque el tema ya estaba incluido..
Sin embargo ahora, en el contexto de los señalamientos de que México no hace lo necesario para frenar la producción de drogas sintéticas como el fentanilo, los cambios en la Constitución relacionados con más controles a su producción y distribución fueron parte del debate.
“Podríamos ser Canadá y llegar al punto de tener el laboratorio más grande del mundo de fentanilo. Estamos tomando no solamente cartas en el asunto, sino que esto es parte de la estrategia de seguridad”, advirtió la diputada del Partido del Trabajo (PT), Lilia Aguilar Gil, durante el debate de la reforma.
"Esa droga es hoy por hoy la más barata en el mercado, la más adictiva. El fentanilo puede llegar a costar hasta dos dólares, el equivalente a 40 pesos por una dosis que puede llegar a ser de muerte segura. El 0.002 de fentanilo garantizan una muerte segura para quien lo utilice” y bastan dos meses para elllo, añadió Aguilar.
La petista se refirió así a la importancia del dictamen de la propuesta hecha desde febrero por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya discusión inicial se centró sólo en la prohibición de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, sin incluir el tema del fentanilo.
La petista se refirió así a la importancia del dictamen, pero no fue la única. La diputada Nadia Navarro, del Revolucionario Institucional (PRI) se refirió a los reportajes de medios internacionales que aseguran que cárteles del narcotráfico perfeccionan la producción de esa droga con ayuda de jóvenes químicos.
“Hoy el crimen organizado está reclutando a nuestros jóvenes, a los jóvenes que asisten a las universidades para explorar nuevas vías de consumo en esta sustancia que, como ya lo hemos visto en otros países y en México, no sólo acelera el camino a la muerte de quienes lo consumen, sino que además se expande con una peligrosa velocidad que parece pasar inadvertida”, dijo la priista.
“Con el pueblo de México, la prohibición del fentanilo y el uso de vapeadores es un paso relevante ya que se evitarán miles de casos de enfermedades respiratorias y afecciones pulmonares que han representado un importante número de muertes de jóvenes mexicanos principalmente”, aseveró la petista Margarita García, quien pidió a los padres de familia revisar las mochilas de sus hijos para evitar que usen esas sustancias.
Sin embargo la prohibición al uso de los vapeadores también se llevó gran parte del debate, y diputadas de MC incluso “fumaron” con sus cigarrillos electrónicos en el recinto, en demanda de dejar que haya consumo libre y responsable.
Durante la discusión, la oposición rechazó la criminalización de los usuarios de vapeadores y lamentó que en el combate al fentanilo no existan diagnósticos sobre su consumo en México, o cómo se afectaría el uso médico de esa sustancia anestésica.
Por el PAN, el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba expuso que colocar en la misma reforma constitucional una prohibición al fentanilo con una a los vapeadores es "a todas luces" un exceso.
"Colocarlos a la par es desvirtuar el esfuerzo que se hace por combatir a las drogas más adictivas y peligrosas de las que se tienen noticias frente al uso del fentanilo. Como médico estoy en contra de prohibir y quiero que estos productos estén estrictamente y rigurosamente controlados”, expresó.
La diputada Paulina Rubio Fernández, también del PAN, criticó que enunciar en la Constitución la prohibición de la producción y distribución del fentanilo no va a solucionar el problema de seguridad ni la corrupción.
"Ni asegura que el gobierno mexicano vaya a cumplir con su trabajo. Se requiere una política de prevención de adicciones y de reconstrucción del tejido social. El enemigo en común es el fentanilo”, expresó.
“Voy a vapear antes de que Morena y el oficialismo prohíba el ejercicio de nuestras libertades, porque su política pública en materia de salud no les da para más, (vapea) prohibir, prohibir, prohibir”, dijo la diputada emecista Iraís Reyes.
Apostemos, dijo Alejandro Domínguez, del PRI, “a la regulación y no la prohibición, que solo representaría la oportunidad para la proliferación de estos productos en el mercado negro y sin los debidos controles que se requieren, lo cual pondría en grave riesgo a los cerca de cinco millones de mexicanas y mexicanos que hoy en día los usan”.
El dictamen establece que para garantizar el derecho de protección a la salud de las personas “quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”.
Sin embargo, extiende la prohibición a “la producción, distribución y enajenación de sustancias tóxicas, precursores químicos y drogas sintéticas no autorizadas legalmente, como el uso ilícito del fentanilo”.
Además, se determina que “quedará vedada la profesión, industria, comercio interior o exterior, trabajo o cualquier otra actividad relacionada con dichas sustancias”.
En el régimen transitorio el dictamen obliga a que el Congreso de la Unión, en un plazo de 180 días deberá armonizar el marco jurídico de las leyes relacionadas y las legislaturas de las entidades federativas deben realizar las adecuaciones legales dentro de los 365 días naturales siguientes a la publicación de la reforma.
Además se indica que no se autorizarán recursos adicionales para el cumplimiento de la reforma.
Fuentes: Expansión Política, Vox Populi Noticias, El Mañana, El Periódico
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