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Edgar Veytia, demandado en EE.UU. por tortura

  • Foto del escritor: Redacción
    Redacción
  • 13 mar
  • 2 Min. de lectura

El exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, enfrenta una demanda en EE.UU. por presuntas torturas, tras salir de prisión por colaborar en el caso García Luna.

El exconvicto Edgar Veytia se encuentra en el centro de una nueva controversia judicial en Estados Unidos tras ser demandado por presuntas prácticas de tortura en Nayarit. La demanda surge a raíz de investigaciones que vinculan al sujeto con actos de abuso durante su estancia en prisión, situación que se vuelve aún más polémica tras su liberación, obtenida gracias a su colaboración en el caso de Genaro García Luna.


Según los documentos legales, Veytia habría participado en actividades que violan derechos humanos durante su encarcelamiento en México. La acusación sostiene que, pese a haber salido de prisión como parte de un acuerdo de colaboración con las autoridades en el proceso contra García Luna, las evidencias recopiladas ahora señalan su presunta participación en métodos de tortura en Nayarit, lo que ha encendido nuevamente el debate sobre la rendición de cuentas en casos de abusos.


La estrategia legal que permitió su liberación generó controversia en diversos sectores, pues muchos consideran que la colaboración en un caso de alto impacto no debe ser un justificante para eludir responsabilidades en otros hechos delictivos. Expertos en derechos humanos y organizaciones internacionales han pedido una revisión minuciosa de su historial, señalando la necesidad de garantizar justicia integral sin excepciones.


En respuesta a la demanda, representantes legales de Veytia han anunciado que presentarán los argumentos pertinentes para demostrar que su colaboración con la justicia fue realizada bajo presión y en un contexto complejo, sin intención de eludir responsabilidades adicionales. Por su parte, las autoridades estadounidenses han mostrado disposición para avanzar en el proceso judicial, resaltando la importancia de que se esclarezcan todos los hechos.


Este caso pone de relieve las tensiones existentes entre las políticas de colaboración en procesos judiciales y la necesidad de sancionar actos de violación a los derechos humanos. A medida que el proceso legal se desarrolla, la sociedad y diversos actores internacionales mantienen la expectativa de que se haga justicia, tanto en México como en el ámbito transnacional.


Fuente: La Opinión, El Sol de México, El Economista

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