En los últimos dos años, las Fuerzas Armadas han destinado recursos para equiparse con drones y aeronaves no tripuladas con las que realizan vigilancia y protección del territorio nacional.
La violencia llegó por el cielo a entidades como Guerrero, Jalisco y Michoacán. En los últimos meses, comunidades enteras en estos estados han sido acechados con "narcodrones". Casas, escuelas, iglesias, clínicas, ranchos y casas han sido atacados desde el aire por la, no tan nueva, herramienta de organizaciones criminales como La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Se trata de aeronaves pilotadas a distancia, equipadas con artefactos explosivos que son volados desde campamentos de grupos criminales en contra de sus objetivos.
Basta con adquirir un dron comercial, cuyo costo no supera los 10,000 pesos, y equiparlo de manera casera con algún artefacto explosivo para atacar a una banda rival o a toda una comunidad.
Para hacer frente al poderío que la tecnología está dotando a organizaciones criminales, las Fuerzas Armadas han gastado casi 400 millones de pesos en adquirir y darle mantenimiento a drones y aeronaves no tripuladas entre 2022 y 2023. Se trata de una partida nueva en el presupuesto de esas instituciones, que surge en respuesta a la amenaza que representan los "narcodrones".
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó, vía una solicitud de información, que en 2023 gastó 93.3 millones de pesos para la compra de aeronaves no tripuladas. Y en los últimos dos años gastó 10.8 millones de dólares (177.8 millones de pesos ) para el mantenimiento de este tipo de artefactos, con los que se hacen labores de vigilancia.
“Los sistemas de aeronaves pilotadas a distancia (RPAS) se emplean en operaciones de vigilancia, protección de territorio nacional, instalaciones estratégicas y de zonas fronterizas, así como para el apoyo en caso de emergencias y desastres naturales, en beneficio del personal y/o áreas afectadas”, explicó la institución las funciones que se desarrollan con estas aeronaves no tripuladas.
La Secretaría de Marina informó haber gastado 3.2 millones de dólares, que en moneda nacional son 52,715,466 millones.
Entre ambas instituciones, han gastado 323.9 millones. Hasta ahora los drones y aeronaves no tripuladas han sido utilizado en 308 misiones.
El crimen organizado ha hecho de la tecnología un aliado. Hoy son los drones, sin embargo, años atrás fueron los teléfonos celulares, el uso de internet, la moneda bitcoin, y otros, lo que les ha permitido "delitos tradicionales de forma no tradicional", desde cualquier parte del mundo.
Víctor Hernández, director de Formación en la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), explica que los integrantes de las organizaciones criminales son muy “creativos” y para realizar sus actividades han visto a la tecnología como una herramienta indispensable.
“En la primera etapa de la guerra contra el narcotráfico utilizaron algunos teléfonos en Nextel modificados, incluso hackeaban las antenas de esta red telefónica, pusieron de moda las famosas antenas que usaban para sus redes de comunicaciones entre ellos. Hay organizaciones criminales que se han metido, por ejemplo, al Bitcoin, últimamente en lo que se han especializado es en la modificación de drones”, explica el también maestro en Inteligencia y Seguridad Internacional por el King’s College London.
Los ataques con drones, no solo se realizan a la población por haberse negado a pagar cuotas de extorsión, también para obligarlos a dejar comunidades que son clave para las organizaciones criminales.
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue uno de los primeros en utilizar este tipo de tecnología y ha compartido con La Familia Michoacana drones sofisticados y silenciosos.
“Los grupos criminales han intentado frecuentemente reubicar localidades enteras situadas a lo largo de rutas del narcotráfico para eliminar testigos y obstáculos. Esta última ronda de ataques de la Familia Michoacana tiene como objetivo obligar a los residentes a abandonar los pueblos donde los grupos de autodefensa liderados por la comunidad han tratado de resistir la expansión del grupo”, dice un análisis de Insight Crime.
Rodolfo Basurto, presidente de la Red Nacional de Profesionistas en Seguridad Pública, explica que ante el poder y uso de tecnología de parte del crimen organizado, los policías están vulnerables y no gozan de la capacitación.
“Nos hemos visto superado porque el crimen avanza de manera muy rápida en el uso de otras herramientas, de la tecnología y en la diversificación de sus actividades. Nosotros, como instituciones, vamos a un paso bastante lento por muchas cuestiones, inclusive utilizan los drones para atacar con explosivos algunas instalaciones. Ellos mismos colocan cámaras de videovigilancia, antenas para poderse comunicar, o sea, tienen una diversificación amplia en el uso de la tecnología, y nosotros pues no, seguimos trabajando por lo mismo o con menos cosas de las que teníamos anteriormente”, explica.
El gobierno federal ha propuesto regular el uso de drones. El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una iniciativa para regularlos y sancionar con prisión de 20 a 53 años el uso de drones para crear alarma, terror o atentar contra la seguridad nacional o para extorsionar a las autoridades o particulares.
Para Víctor Hernández la regulación de drones no es la solución, sino el problema de fondo es el ingreso de armas de parte de Estados Unidos.
“El crimen aprovecha una tecnología que no está regulada, es decir, en el país no hay regulaciones estrictas para la venta, para el uso de drones, pero la regulación no es la solución porque en el momento en que se prohíbe un producto surge un mercado negro como sucedió con los vapeadores. El verdadero problema está en que esos drones, se les ponen artefactos, lo que sucede por una legislación tan laxa que hay en Texas, en Arizona, estos estados de la frontera con México, donde puedes comprar prácticamente cualquier artefacto”, destaca.
México cuenta con Norma Oficial Mexicana 107-SCT3-2019 , la cual plantea que las aeronaves pilotadas a distancia no pueden ser utilizadas para transportar mercancías peligrosas y/o sustancias prohibidas, ni para emplear o transportar armas o explosivos.
Víctor Hernández considera que las Fuerzas Armadas están reaccionando y no previniendo.
"El personal militar está reaccionando a la crisis, no la estás previniendo. Además que el verdadero origen de la crisis es que seguimos sin resolver el tema de la regulación de armas y el tráfico de armas con Estados Unidos", agrega.
Fuentes: Expansión Política, Infobae, Vanguardia y El Universal.
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