Los expertos Edgardo Buscaglia y Sandra Ley exponen la falta de compromiso de los partidos para implementar "leyes antimafia" a las que se comprometieron a nivel internacional.
Legalmente, México sólo tiene documentadas seis elecciones en que los grupos armados o criminales han metido las manos, pero la injerencia de ese tipo es una realidad, el problema es que no existen causas penales abiertas por inexistencia de leyes que los propios partidos no han buscado implementar, señala el experto internacional en política anticrimen, Edgardo Buscaglia.
“México no tiene anticuerpos legislativos e institucionales para dificultar a la delincuencia organizada penetrar a las campañas. ¡Es barra libre!, como en Nigeria. El tejido político está infiltrado, pero no hay datos de prueba porque no hay leyes que obliguen a buscarlos. Sin eso no hay causas penales y dicen: todo está bien”, alerta Buscaglia.
Antes de estas elecciones 2024, el país ha vivido casi tres años previos de activismo político y en tres semanas arrancará la contienda oficial por más de 20,000 cargos de elección popular, pero expertos en seguridad y crimen refutan lo que los gobiernos de los tres niveles buscan minimizar: que la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones es una realidad.
Para los especialistas, la influencia criminal es real y añeja: parte del financiamiento y la protección y llega hasta el asesinato de aspirantes, precandidatos y candidatos, vía por la que –en los hechos– los grupos del crimen deciden quién compite, quién no y quién gobierna.
“El hecho de que haya asesinatos de actores políticos te indica que existe una delincuencia organizada descontrolada que está ocupando el tejido político”, anota Buscaglia, catedrático de la Universidad de Columbia, en New York, y quien desde 1995 se ha dedicado a evaluar los sistemas electorales de 118 países para determinar los incentivos que promueven a la delincuencia organizada en elecciones.
Un candidato puede convertirse en víctima por ser honesto y enfrentar al crimen, pero también porque trabaja con una red criminal y lo asesina el adversario, o la misma red que lo contrató, expone Buscaglia:
“Es un hecho que la delincuencia organizada bendice o maldice a cada una de las candidaturas y determina quién es candidato y quién no, eso es una mafiocracia”, expone.
Sandra Ley, coordinadora del Programa de Seguridad de México Evalúa, explica que los asesinatos de personas relacionadas con las elecciones ponen muchas cosas sobre la mesa:
“La forma en que ocurren esos asesinatos de actores políticos demuestra que no se trata de delincuencia común. Las señales de muerte, el tipo de arma, nos dicen que estos sí tienen una relación con el crimen organizado. Más aún, su mayor incidencia en época electoral, señala un objetivo particular de sus perpetradores por incidir en la esfera política”, argumenta.
De 2018 y hasta el más reciente corte, del 3 de febrero de 2024, suman 1,649 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra actores del ámbito político o gubernamental, según la iniciativa “Votar entre Balas. Entendiendo la violencia criminal-electoral en México”.
Ese proyecto de Data Cívica y del Programa para el Estudio de la Violencia (PEV) del Centro de Información y Documentación Económica (CIDE) indica que considerando sólo a las víctimas de ataques, asesinatos, secuestros, amenazas que eran en ese momento o fueron en el pasado precandidatos, candidatos, aspirantes, dirigentes partidistas, legisladores, gobernadores, alcaldes, regidores, sumaron 646 personas.
“Estos ataques no ocurren de manera aislada, sino en las regiones donde la inseguridad y la violencia están a la alza", remarca Ley.
En enero pasado, el magistrado electoral Felipe de la Mata Pizaña lanzó públicamente la alerta sobre el “problemón” que significa la participación del crimen organizado en las elecciones.
Pero sólo hay seis sentencias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en las que se ha acreditado la participación de grupos violentos, uso de armas o participación del crimen organizado para secuestrar urnas, “embarazarlas” o intimidar votantes.
Fuera de las pruebas y expedientes, en prácticamente todo el país, afirmó el magistrado, la población alerta lo que pasa en las calles y no llega a tribunales:
“Dicen que hay personas que, previo a la jornada, incluso pocos días u horas, presionan a las candidaturas para que renuncien. Eso lo he oído en varios estados”, aceptó.
Edgardo Buscaglia refiere, sobre la debilidad de las revisiones, la reciente publicación de reportajes sobre la supuesta recepción de recursos del crimen organizado a la campaña de 2006 del hoy presidente López Obrador.
“El presidente pide pruebas a un periodista que no es fiscal como para tenerlas. Y un fiscal podría pedirle las auditorías del financiamiento de su campaña. Pero como no hay obligación de auditar campañas en México no hay datos. Entonces, no se puede determinar si violaron una ley o no”, argumenta.
Un juez, recuerda, no puede procesar algo sin ley “entonces el presidente López Obrador, como no es abogado, no lo entiende. Él dice oye no hay causas (penales) no hay problema. No, no funciona así el mundo las causas. Se procesan con base en una ley antimafia en el ámbito electoral, que es lo que venimos proponiéndole al Congreso (mexicano) de manera gratuita desde hace 18 años pero los políticos no les conviene aceptar”.
Para Ley, la especialista de México Evalúa, e investigadora especializada en violencia criminal y comportamiento político, la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones ocurre porque ésta ha encontrado sustento en las estructuras del Estado.
“Ha podido expandir las redes de protección que le han sostenido por décadas” y la solución no es fácil: pasa por desmantelar eso que permite al crimen actuar con impunidad.
“No basta proteger candidatos”, como recién acordaron autoridades electorales y de seguridad del país, considera.
El problema, anota Buscaglia, es que “el tejido político está totalmente gangrenado en México” y se requiere un pacto entre todos los partidos para crear el marco jurídico que ha ayudado a otros países.
Italia en épocas de la Cosa Nostra pudo combatir al crimen hasta que se aprobó la ley de Auditoría Electoral. En Colombia y Rusia en los años 70 “tampoco había causas penales y no porque no hubiera dinero sucio en las campañas”.
Pero en México “hay un problema grave: hay un pacto político de impunidad mafiosa. No de todos los políticos, pero no hay voluntad de avanzar en leyes que les quiten la discrecionalidad a los politicos para recibir dinero dulce, dinero fácil”.
“Y eso beneficia solo a la delincuencia organizada y perjudica a las personas a pie, que siguen siendo masacradas, secuestradas, desaparecidas y asesinadas”, concluye el experto.
Fuente: Expansión Política.
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