La presencia militar en los territorios indígenas de México ha traído consecuencias que van desde expropiación de tierras hasta masacres en contra de los pueblos. Un informe presentado por la organización Indigenous Peoples Rights (IPRI) da cuenta de los diversos impactos de la militarización en los estados de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, con casos que datan de hace décadas y que actualmente permanecen en impunidad.
El Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas define a la militarización como “cualquier estrategia o actividad de naturaleza militar, incluido el establecimiento de instalaciones de suministro, infraestructuras, bases o cualquier otra acción necesaria para el desarrollo de estrategias o actividades militares que tengan por objeto ejercer el control sobre las tierras y territorios indígenas”.
Todo esto sustentado —agregan los expertos— por razones como la “seguridad nacional, operaciones de insurgencia y contrainsurgencia, el control de fronteras, acceso a los recursos naturales, fines de conservación, ejecución de proyectos de desarrollo o protección de los intereses de empresas transnacionales”, apuntan.
“Según los testimonios, hay un momento en que llegan los militares a las comunidades y hacen un revuelo. Después de eso se instalan los malos [crimen organizado] y ya no hay un control sobre esta situación”, afirma Anabela Carlón, abogada indígena yaqui y coordinadora de Investigación de IPRI México.
La primera etapa de la militarización identificada en el informe de IPRI es la Guerra Sucia, entre 1965 y 1990. De acuerdo con el documento, estuvo marcada por una violencia contrainsurgente por parte del Estado mexicano a través de las fuerzas armadas. En esta etapa los militares cometieron graves violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas por décadas por parte de sobrevivientes, familiares, compañeros y compañeras de personas que fueron detenidas de manera arbitraria, torturadas, desaparecidas o ejecutadas extrajudicialmente.
Uno de los casos relacionados con esta etapa, y que se describe en el informe, es el de la comunidad agraria de Juchitán, en Oaxaca, que desde 1978 y hasta la fecha no tiene autoridad, pues Víctor Pineda Henestrosa, candidato a comisariado de bienes comunales, fue detenido y desaparecido por elementos del Ejército mexicano. Este hecho marcó a la comunidad hasta la actualidad, pues continúa sin comisariado, lo que no le permite acceder a sus derechos territoriales en plenitud, por lo que mantienen la exigencia de justicia.
Una segunda etapa referente al proceso de militarización es la que inició en 1994, con un movimiento indígena en Chiapas, organizado a través del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Allí figuraron los pueblos tseltal, tsotsil, ch’ol y tojolabal de la familia maya. El gobierno federal envió elementos del Ejército mexicano a Chiapas para sofocar la rebelión.
Desde entonces, las comunidades no han dejado de sufrir los efectos de la militarización. Uno de los casos más emblemáticos es la masacre de indígenas tsotsiles perpetrada por paramilitares en contra de la Organización de la Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal, en el municipio de Chenalhó, el 23 de diciembre de 1997.
“Fue una militarización masiva. Los militares entrenaron a los paramilitares que llevaron a cabo la masacre de Acteal”, recuerda Guadalupe Vázquez Luna, sobreviviente de la masacre e integrante de Las Abejas de Acteal. “Después de tantos años de la masacre —que ya cumplió 26 años—, no hemos estado libres de militares. Siguen aquí en Chiapas, sobre todo, en las comunidades”, agrega en entrevista la defensora del territorio.
De acuerdo con Vázquez Luna, el Estado mexicano actualmente envía militares para “dar una imagen de que está atendiendo los conflictos”, pero al contrario, no sólo no los atiende, sino que “está empeorando la situación en las comunidades y, aún con la presencia de los militares, se están llevando a cabo asesinatos y desapariciones”.
En cuanto a la tercera etapa de la militarización descrita por el equipo experto, donde además se asegura que persiste hasta el presente, es la que inició cuando el ex presidente de la República, Felipe Calderón, declaró el 11 de diciembre de 2006 el inicio de la “Guerra contra el narco” en Michoacán, y anunció que más de 5 000 marinos, soldados y policías serían enviados a ese estado. “La ofensiva militar sólo aumentó los asesinatos y la corrupción en el estado, lo que aumentó la tala inmoderada en sus bosques de acuerdo a los testimonios de varias comunidades indígenas. En vez de erradicar y luchar contra el narcotráfico, se observó una colusión”, señala el informe.
Los especialistas apuntan que, en lugar de comenzar un proceso para el regreso de los militares a sus cuarteles, el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha decidido acentuar la militarización. Así, en marzo de 2019, inició una cuarta etapa de profundización del fenómeno con la creación de una nueva fuerza militarizada: la Guardia Nacional (GN).
Esta institución realiza adicionalmente más de 148 funciones civiles que no son relacionadas con seguridad, sumadas a la decisión del presidente para otorgar funciones adicionales a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar). Con ello, se le ha otorgado al Ejército incluso la propiedad del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, así como la del llamado Tren Maya y del Tren Transístmico o Interoceánico, tres proyectos claves para el gobierno que han entrado en tensión con distintas comunidades indígenas durante el actual sexenio.
Fuente: Christus, Revista de Teología, Ciencias Humanas y Pastoral.
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