Con engaños y extorsiones las mafias reclutan, condicionan o estafan a migrantes que buscan empleo temporal.
En los últimos años, se ha observado un preocupante fenómeno en Norteamérica: miles de trabajadores, incluyendo albañiles, carpinteros, jardineros, soldadores y otros, han buscado oportunidades laborales más allá del Río Bravo. Sin embargo, lo que empezó como una búsqueda legítima de empleo ha sido aprovechado por los cárteles de la droga como una fuente de ingresos ilegales y una forma de expandir sus operaciones ilícitas.
Estos cárteles han encontrado en el trabajo migrante temporal hacia Estados Unidos y Canadá una veta lucrativa. Utilizan tácticas abusivas como cobrar cuotas ilegales que van desde 7 mil hasta 25 mil pesos por el reclutamiento o por ofrecer trabajos ficticios. Además, se aprovechan de la falta de regulación y control en los programas de trabajadores temporales para montar falsas entrevistas laborales y transportar ilegalmente a los trabajadores a sus destinos.
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá (PTAT), establecido en 1974 para regular el movimiento migratorio, ha sido particularmente vulnerado. A pesar de su importancia binacional, el programa enfrenta serias deficiencias como la falta de inspección gubernamental y lagunas legales que permiten estas prácticas abusivas.
En el caso de Estados Unidos, aunque no existe un acuerdo formal como el PTAT, se utilizan visas como la H2A para trabajadores agrícolas y la H2B para oficios diversos, movilizando a más de 350 mil personas anualmente desde México. Aunque el Departamento del Trabajo ha incrementado requisitos para las empresas, muchas aún recurren a intermediarios en México, facilitando la intervención de cárteles y otros grupos criminales en la contratación ilegal.
Organizaciones como el Sindicato de Alimentos y Comercio de Canadá (UFCW) y el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) han documentado extensamente estos abusos, que afectan gravemente a los trabajadores y sus familias. La falta de transparencia y regulación adecuada permite que los cárteles perpetúen estas prácticas impunemente, afectando no solo a los trabajadores migrantes, sino también a la economía y seguridad de ambos países.
Fuentes: Milenio, Los Ángeles Times, La Opción de Chihuahua
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