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Norma Piña denuncia campaña de deslegitimación contra la SCJN

En su informe de actividades, Norma Piña contó con la presencia de dos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, y de César Yáñez como representante del Gobierno federal.

En su último informe de labores y sin presencia de la mandataria federal Claudia Sheinbaum, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, criticó la Reforma Judicial. Además, acusó que la campaña de “deslegitimación” contra los ministros comenzó hace seis años.


Al criticar la reforma al Poder Judicial -que establece elegir por voto directo a jueces, ministros y magistrados- Norma Piña mencionó que espera que esta modificación sea para construir y no destruir el sistema de protección de los derechos humanos en el país y que mejore el sistema de contrapesos del Estado.


“Espero que la finalidad de esta reforma, por el bien de México, no consista en destruir, sino en construir un mejor sistema de protección de los derechos humanos; un mejor control de regularidad constitucionalidad; un mejor sistema de contrapesos entre los poderes del Estado, todo ello en beneficio de la sociedad y de nuestro país, pero esto solo se verá con el tiempo, que será cuando la reforma se podrá apreciar y evaluar en su totalidad”, declaró.


La ministra recordó que al presentarse la Reforma Judicial en 2024 se volvió una práctica generalizada “violar abiertamente” las suspensiones dictadas por los jueces federales, así como amenazar a juzgadores con persecuciones penales y juicios políticos, debido a que resolvieron casos que políticos consideraron que iban en contra de sus intereses.


“¿Qué conductas consideraron esos actores políticos que ameritaron la amenaza persecutoria y punitiva a los jueces federales de México? Por resolver casos de formas que consideraron contrarias a sus deseos e intereses; por otorgar suspensiones y medidas cautelares que en el fondo se puede coincidir o no; por atrevernos a admitir medios de defensa interpuestos por minorías políticas; por ejercer nuestra función deliberativa como tribunal constitucional”, declaró.


La ministra recordó que la campaña de deslegitimación contra los ministros de la SCJN comenzó hace seis años en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el fin de anular la autonomía del Poder Judicial Federal.


“Una revisión a los acontecimientos, del dominio público, deja ver con claridad, como la campaña para anulación de la autonomía del Poder Judicial Federal para sujetarlo a lógicas electorales y partidistas, se intensificó, inclusive, de manera violenta, cuando la SCJN y sus integrantes actuamos como nos corresponde, como un tribunal Constitucional, pero los cierto es que la campaña de deslegitimación contra juzgadores comenzó hace 6 años”, dijo.


Comentó que los intentos de injerencia sobre la judicatura federal llegaron al extremo de que desde el Poder Legislativo se impulsó una reforma en 2021 para ampliar el mandato del entonces presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, con el fin de hacerlo coincidir con el cambio de administración sexenal.


La ministra presidenta mencionó que las coincidencias entre ataques y amenazas a los ministros se hicieron “patentes” cuando sus decisiones eran contrarias a los intereses del gobierno morenista, pues recordó que los llamaban “traidores al pueblo” al invalidar al reforma que traslada la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), así como el decreto presidencial que intentaba clasificar como interés público y seguridad nacional los proyectos y obras “prioritarios”.


“Cada vez que la Suprema Corte resolvió uno de esos casos, las y los Ministros que votamos en contra de lo que el gobierno percibió como contrario a su proyecto político, fuimos acusados de traidores, corruptos, aliados de minorías rapaces y de la delincuencia organizada y de cuello blanco, e incluso se realizaron alegorías en ataúdes de algunos de nosotros. Todo ello por ejercer nuestra función como jueces y juezas constitucionales y de cara a la sociedad”, mencionó.


Dijo que este tipo de campañas contra los juzgadores federales constituyen amenazas a la independencia judicial, lo que representa una práctica antidemocrática.


“No soy solo yo, sino incluso también la academia y los organismos internacionales, quienes advierten que todas estas campañas en contra de las y los juzgadores federales, constituyeron amenazas y ataques a la independencia judicial, y consecuentemente, una peligrosa práctica antidemocrática. Estas conductas son tan graves, que incluso se citaron por la Relatora de Independencia Judicial de la ONU, como ejemplo de los riesgos de gobiernos autocráticos contra la democracia”, mencionó.


Fuentes: Expansión Política, UnoTV, La Costilla Rota, Contralínea

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