Los representantes de pueblos mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo han registrado aumento de casos de cáncer, enfermedades renales, la deforestación y la muerte de miles de abejas en la región debido al impacto de los megaproyectos.
Representantes de pueblos mayas exigieron al Gobierno federal declarar una emergencia socioambiental en la Península de Yucatán por las afectaciones a la salud de los pobladores, al medioambiente y al tejido social de las comunidades que han registrado por la construcción de megaproyectos como el Tren Maya.
“Estamos siendo zona de sacrificio para toda esta agroindustria, para todas estas inmobiliarias, el Tren Maya, para todas estas industrias porcícolas y avícolas, que están atentando contra nuestra vida, contra la vida de los pueblos y de todos los que habitamos en la Península de Yucatán”, acusó Itzel Pech, integrante de la Alianza Maya por las Abejas, en conferencia de prensa.
En el evento realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), también se presentaron los activistas y liderazgos de pueblos maya de la Península: Claudia Cob, Wilson Avilés, Leydy Pech, Candelario Colli, Silvia Chalé, así como Jorge Fernández del Centro de Derechos Humanos Utsil Kuxtal.
Las problemáticas registradas por los pobladores van desde el aumento de cáncer y enfermedades renales en las comunidades, la deforestación, contaminación del agua en acuíferos y cenotes, y la muerte de miles de abejas, que son parte importante de la apicultura de la región.
Entre los culpables, expusieron los representantes, hay desarrollos inmobiliarios, agroindustria, megafábricas porcícolas y avícolas, la minería y el Tren Maya.
Los anteriores han traído consigo el uso de fertilizantes y plaguicidas, el derribo de centenas de árboles y la pérdida de semillas nativas a manos de semillas transgénicas de soya y maíz, denunciaron.
“Estamos ante un territorio devastado, ante un territorio enfermo por causa de estos megaproyectos”, lamentó Itzel Pech. “Lo que está en riesgo no solamente son las abejas, ni el agua, ni los alimentos. Es la vida de las personas del pueblo maya”.
Jorge Fernández, de la organización Utsil Kuxtal, advirtió que, en caso de no tomarse medidas para detener la implementación de más megaproyectos, y remediar las afectaciones que se han registrado a la fecha, tendría efectos “irreversibles” para los pueblos mayas y el ecosistema de la Península de Yucatán.
“En caso de no detenerse, va a tener consecuencias irreversibles en la pérdida de hábitats importantes, en la pérdida del tejido social, en la ruptura de los pueblos, que ya lo estamos viendo, y por supuesto que la afectación a la identidad y la integridad cultural del pueblo maya”, resaltó.
Por esta razón, los representantes de comunidades de Campeche, Quintana Roo y Yucatán presentaron una solicitud de declaratoria de Emergencia Socioambiental al Ejecutivo federal, a cargo de Claudia Sheinbaum, así como las secretarías de Salud, Medio Ambiente (Semarnat), Desarrollo Urbano, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este mismo escrito, adelantaron, se presentará también a las autoridades estatales.
Con ella, buscan que las autoridades estatales y federales tomen acciones para detener la construcción de más megaproyectos a la región, investigue, sancione y repare los daños que se han identificado a la fecha; y cancele las operaciones de empresas que no cuentan con la documentación requerida en materia medioambiental.
A la par de la exigencia para la declaración de emergencia, los activistas hicieron un llamado a que las autoridades federales y estatales respeten y garanticen la seguridad de ambientalistas, pues recordaron que en Yucatán se han registrado detenciones.
En marzo del año anterior, en Sitilpech, ocho activistas mayas fueron procesados tras haber participado en una protesta por la contaminación de aguas a causa de las macrogranjas de puercos.
“No es de menos recalcar que la exigencia de justicia hacia los defensores del medio ambiente, de la vida, es importante, ya que en nuestra península hay muchos compañeros defensores que están siendo hostigados, que llevan procesos penales en su contra con pruebas falsas, con tal de que ellos se rindan, que desistan de esta lucha”, remarcó en su participación Claudia Cob, habitante de Chocholá, Yucatán.
Fuentes: Animal Político, Valor Compartido, centroprodh, Boletines UAM
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