En octubre en 2023, un juez dictó 90 años de prisión contra cinco militares por su participación en el asesinato de Jorge Mercado y Javier Arredondo, estudiantes del Tec de Monterrey, ocurrido en marzo de 2010 en el contexto de la llamada "guerra contra el narco". Ahora, un año más tarde, un tribunal ratificó la sentencia.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la ratificación de sentencia de 90 años de prisión contra cinco militares que en 2010 participaron en el asesinato de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.
El pasado 5 de diciembre, la magistrada y los magistrados del Tribunal Colegiado de Apelación confirmaron la sentencia condenatoria que dictó el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en octubre de 2023 por la ejecución extrajudicial de Javier y Jorge.
“Tras un análisis de las pruebas y los argumentos de las partes, el Tribunal concluyó que existían elementos suficientes para confirmar la responsabilidad de los efectivos militares, incluyendo la alteración de la escena del crimen”, declaró ONU-DH en un comunicado.
Ante la ratificación de la sentencia, el organismo acogió positivamente la decisión que, señaló, reivindica tanto a las víctimas como a sus familiares y reconoce que Javier y Jorge fueron víctimas de ejecución extrajudicial.
La ONU-DH destacó que la decisión del tribunal muestra la importancia del Protocolo de Minnesota para investigar este tipo de casos, pues este busca “proteger el derecho a la vida y promover la justicia, rendición de cuentas y el derecho a una reparación mediante la promoción de una investigación eficaz d toda muerte potencialmente ilícita o sospecha de desaparición forzada”.
Agregó que la resolución del tribunal muestra la importancia de contar con “autoridades judiciales independientes y profesionalizadas”, así como de establecer mecanismos eficaces de control y rendición de cuentas sobre la participación de militares en tareas de seguridad pública.
Asimismo, puntualizó que la decisión judicial también es un recordatorio de que la participación de militares en tareas de seguridad pública debe ser temporal.
“En el contexto de la trascendental decisión judicial emitida, resulta imprescindible recordar que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública debe ser temporal, en tanto se adopta un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de estas tareas, al tiempo que se fortalecen las capacidades de los cuerpos de policía civiles. Múltiples organismos internacionales de derechos humanos han reiterado este llamado”, aseveró.
Jorge y Javier, estudiantes del Tecnológico de Monterrey en dicha ciudad, fueron asesinados por elementos del Ejército el 19 de marzo de 2010 cuando se encontraban en las instalaciones educativas.
Los hechos ocurrieron en el contexto de la llamada “guerra contra el narcotráfico” del gobierno de Felipe Calderón, y con Genaro García Luna como secretario de Seguridad, quien en octubre pasado fue condenado en Estados Unidos por diversos delitos relacionados al narcotráfico.
La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional afirmó que se trataban de delincuentes que habían atacado a los militares, sin embargo, después se comprobó que Jorge y Javier solo eran estudiantes que llevaban una mochila y no iban armados.
“No fue una bala perdida dentro de un encuentro entre el ejército y el crimen organizado. Jorge y Javier recibieron impactos de bala a corta distancia y golpes en la cara y el cuerpo hasta que los mataron. Además, les quitaron sus mochilas y les sembraron armas para hacerlos pasar por sicarios”, indicó un colectivo a través de un comunicado.
En 2019, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ofreció una disculpa pública a las familias.
“A nombre del Estado mexicano, les ofrezco una disculpa pública por la violación de sus derechos humanos en marco del uso excesivo de la fuerza, razón por la cual elementos del Ejército Mexicano privaron de la vida a Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo (…) les ofrezco una disculpa por el daño a la imagen y el honor de Jorge y Javier, derivadas de las falsas acusaciones de las autoridades y por la alteración de la escena de los hechos”, expresó Sánchez Cordero a los padres de los estudiantes asesinados.
En 2023, luego de 13 años de espera, cinco militares fueron sentenciados por la ejecución extrajudicial de Jorge y Javier. Los miembros del Ejército fueron juzgados por el delito de “homicidio calificado con agravante de ventaja”.
Fuentes: Animal Político, EL PAÍS, Excélsior, Infobae
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