La relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, cuestionó la remoción de jueces y magistrados para ser reemplazados por los electos popularmente y la reducción de salarios del personal judicial.
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Margaret Satterthwaite, señaló que la iniciativa de reforma al Poder Judicial presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador “podría socavar la independencia de la judicatura nacional”, en especial, en caso de ser promulgada sin modificaciones.
En una carta enviada al mandatario, la relatora especial expresó su preocupación por la iniciativa de reforma que Morena busca aprobar en septiembre próximo y que plantea que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por voto popular, la reducción de salarios del personal judicial, así como la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Destacó que su preocupación surge en un contexto de intimidación a jueces desde el poder Ejecutivo y Legislativo, así como por la intervención del propio López Obrador en la Suprema Corte para modificar decisiones de jueces para favorecer al gobierno.
De acuerdo con la relatora, la iniciativa no establece mecanismos independientes para verificar si los candidatos cumplen requisitos de formación, aptitud e integridad, sino que se deja esa función a un órgano político como el Senado. Otro punto es que no establece un mínimo de votación popular para que la elección sea válida.
“Adicionalmente, la elección popular de jueces podría incrementar el riesgo de que los candidatos a magistrados busquen complacer a los votantes o a patrocinadores de campañas con el fin de incrementar sus posibilidades de reelección, en lugar de tomar decisiones fundamentadas exclusivamente en principios y normas jurídicas”, menciona en la carta.
Basada en la recomendación del Comité de Derechos Humanos, Margaret Satterthwaite indica que la selección de jueces por periodos cortos de tiempo debilita el sistema judicial e impacta negativamente la independencia y desarrollo profesional de los jueces.
“También resultan profundamente preocupantes los informes que indican que aproximadamente 1,800 jueces y funcionarios serían inmediatamente despedidos tras la implementación de esta reforma. La remoción abrupta de un número tan grande de funcionarios judiciales podría retrasar la administración de justicia para los ciudadanos comunes que esperan decisiones judiciales, y podría violar su derecho a un juicio justo”.
Ante ello, comenta que alinear los períodos de duración del cargo judicial con el ciclo electoral presidencial supone un riesgo de politización del sistema de justicia aún mayor, lo que “constituye un riesgo de degradación de la profesionalización de la judicatura”.
Sobre la propuesta de crear un Tribunal de Disciplina, el cual tenga la facultad para sancionar a jueces, la relatora expone que se basa “en criterios vagos, como ‘cuando sus decisiones no se adhieran a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, así como asuntos determinados por la ley’. Es contraria a los estándares internacionales”.
Señala también que la imposibilidad de que un juez apele las decisiones del Tribunal de Disciplina Judicial, como se establece en la iniciativa, viola el derecho a un juicio justo de los jueces y es contrario a las normas pertinentes.
Fuentes: Animal Político, El Universal, Diario de Yucatán, Plano Informativo
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