El día de hoy Washington, Ottawa y la Ciudad de México celebran la entrada en vigor del nuevo Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). Con este acuerdo se renueva el anterior Tratado de Libre Comercio (TLC) y se promueve la modernización de una relación existente entre los 3 países socios de Norteamérica.
Este entusiasmo no es injustificado, un ejemplo claro del beneficio del Tratado es el estado de Guanajuato. En los últimos 25 años, el PIB estatal pasó de $324 mil millones a $4,730 mil millones de pesos, un crecimiento aproximado de 125%, en gran parte debido a las exportaciones.
En 1994, Guanajuato se ubicaba en la posición 14 como receptor de inversión extranjera, lo que representaba menos de 1% del total nacional. En el 2018, Guanajuato ocupó la cuarta posición, captando el 7.2% del total de la inversión extranjera en México. En 2007 las exportaciones totales del estado de Guanajuato figuraban en los $6,425 millones de dólares, para 2019 sumaron $24,344 millones de dólares, un incremento del 279%.
El esfuerzo de los empresarios estatales es apoyado por la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato (COFOCE), que el día de hoy firmó un acuerdo con la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana. Este acuerdo será una herramienta importante para apoyar a las empresas con potencial exportador y reactivar a las que ya cuentan con actividades de exportación. La promoción de inversiones y oportunidades de negocios, transferencia de tecnologías, capacitación especializada en comercio internacional y acceso a fondos para la competitividad, que serán acciones resultantes de este acuerdo.
Pero esto es solo una cara de la moneda, no olvidemos que la administración Trump ha estado siguiendo una estrategia agresiva de comercio internacional basada en los principios del nacionalismo económico. El 17 de junio, el Representante de Comercio de los Estados Unidos, Robert Lighthizer, testificó ante el Congreso que el gobierno está dispuesto a tomar medidas "tempranas y con frecuencia" para impugnar las violaciones del nuevo acuerdo.
El hecho de que México no implemente y ejecute plenamente sus nuevas leyes laborales, uno de los requisitos para la ratificación del acuerdo, está llamando la atención de los sindicatos gubernamentales y algunas empresas al norte de la frontera. Además, la industria farmacéutica está buscando ayuda de la oficina de Lighthizer para presionar al gobierno mexicano a mejorar y acelerar el proceso regulatorio y de permisos para nuevos medicamentos ya que aseguran que con la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el proceso de permisos ha sido abismalmente lento e ineficiente en comparación a sexenios anteriores.
México debe comenzar a invertir más en capital humano y en garantizar que sus marcos legales y reglamentarios sean consistentes con las demandas del nuevo régimen comercial de América del Norte, sino se quiere ver involucrado en disputas comerciales con el gobierno de los Estados Unidos.
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